Por: Colectivo Tupanakuy

La provincia de Fajardo (Ayacucho) -considerada en 1995 “Ciudad ecológica del mundo”, a raíz de un congreso en Suecia- ha decidido organizarse para preservar su medio ambiente, coadyuvar a la solución de los problemas sociales y económicos que afrontan sus pobladores y contribuir al desarrollo integral y sustentable, basado en la actividad agropecuaria y el respeto a las comunidades campesinas. 

Por ello, en masivas reuniones realizadas en la localidad de Hualla en el mes de diciembre y enero, se conformaron el Comité de Defensa y Conservación del Medio Ambiente de la Provincia de Fajardo y, además, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Fajardo.

 Ambas organizaciones surgen ante la amenaza que se cierne sobre el futuro de las comunidades campesinas, que agrupan a miles de fajardinos, a los cuales se les está despojando del derecho a la consulta y se les pretende arrebatar sus territorios para beneficiar a empresas mineras. 

Modelo a seguir

La formación de estas organizaciones sociales es un ejemplo del interés que muestran los ayacuchanos por preservar el ambiente para las nuevas generaciones, y de ofrecerles un mundo mejor, sin contaminación, y con respeto a la cultura y costumbres del hombre andino, en armonía con el entorno que le rodea. 

Es significativo que esta iniciativa surja de una de las provincias más pobres del país, y representa un ejemplo a seguir para las zonas más alejadas del Perú, a las que muchas veces el Estado les da la espalda, y los deja a merced de inversionistas abusivos. 

Mientras el Comité velará por la conservación del medio ambiente, de las comunidades campesinas y su ordenamiento territorial, el Frente estará atento a toda la problemática provincial y trabajará estrechamente con el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. 

La minería en Fajardo

La provincia de Fajardo, en Ayacucho, es conocida por tener más del 50 por ciento de su territorio concesionado para minería e hidrocarburos y en la actualidad, la empresa Catalina Huanca viene operando sin ningún control ambiental ni de respeto a las comunidades campesinas. 

Hace unos meses, se conocieron los casos de la empresa Catalina Huanca de querer desalojar a los comuneros de la comunidad campesina de Uyuccasa, para ampliar su campamento minero, hecho que está en proceso de investigación en el Ministerio Público. 

 Asimismo, en las alturas de Umasi, la misma empresa minera pretende embalsar la laguna Taccata para derivar sus aguas a una planta industrial, hecho que crearía una catástrofe ambiental, porque la laguna da vida a más de treinta comunidades campesinas de varias provincias, así como a ganado, animales silvestres, pastos naturales y cultivos de los campesinos.

Igualmente es conocido el Informe que presentó la Dirección Regional de Salud (Diresa) sobre la contaminación de los ríos Chuquiputa, Raccaure y en la Quebrada Saccllani con plomo y arsénico, producto de la actividad minera de Catalina Huanca, y que hasta la fecha el ministerio de Energía y Minas no  lo sanciona. 

Derecho de consulta y consentimiento

El consentimiento es un derecho que poseen las comunidades campesinas a decidir si autorizan cualquier actividad de terceros en su territorio y es el resultado de un proceso de consulta y participación efectiva, como ocurrió en el norte del país, en Tambogrande y en las localidades de Piura.

 El Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Perú, establece el derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas, cuando se prevean medidas susceptibles de afectarlas directamente. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también firmado por nuestro país, establece que antes de que las comunidades den su consentimiento sobre cualquier acción que los afecte como pueblo, éstas deben encontrarse previamente informadas y sin presiones de ningún tipo ni manipulación externa. 

Si una empresa utiliza el agua de los ríos que utiliza una comunidad, o se instala en sus territorios, sin haberlas consultado ni respetado sus decisiones, éstas tienen la potestad de denunciar a la empresa porque sus derechos humanos (a una vida digna, a su integridad física, a una educación, salud y alimentación de calidad, al respeto a su cultura y a sus ideas, a un medio ambiente sano, etc.) están siendo vulnerados.