Por: Lucía Olivera Aramburú
Hace más de una semana decidí esperar a ver cómo se iban resolviendo las cosas antes de escribir nuevamente. Se han llevado a cabo en Tumbes muchas reuniones multisectoriales para tratar el tema del derrame pero de ninguna de ellas ha surgido una sola comunicación que se haya hecho pública. El pueblo sigue a ciegas, informado sólo por algunos mensajes rescatados por periodistas locales en sus escritos.
Se percibe el nerviosismo de los actores directos en materia ambiental, hidrocarburos y salud; los cuales, sorprendidos por los hechos del 30 de enero, buscan tomar decisiones en bloque, de la misma manera que declaran a la prensa, sin autonomía aparente. Los supuestos informes son reservados para un círculo pequeño al que es difícil ingresar. Las observaciones, favorables o no, pero especializadas, deberían ser comunicadas TODAS al poblador común, que no pertenece a instituciones y que por respeto, merece saber qué pasa con su mar, con su playa, con su pescado. Sin esto, la confianza en las autoridades y en las grandes instituciones, se resquebraja aún más.
Hasta el día de hoy, la única institución autónoma y especializada que ha emitido un comunicado público basado en sus capacidades ha sido la Universidad Nacional de Tumbes (UNT), y por ello los felicito. Leer dicho comunicado impreso en un diario de circulación local me llenó de satisfacción… finalmente información confiable, independiente y respaldada por la institución firmante. Este comunicado se publicó el día 06 de Febrero. En él se enumeran los posibles agentes contaminantes y cómo contaminan, así como la conformación de un Comité Permanente de Vigilancia Ambiental. Cabe informar que no se ha invitado a ningún representante de la UNT a las reuniones y comités multisectoriales.
La explosión y derrame nos tomó por sorpresa a todos y evidenció que ninguna de las instituciones estaba preparada para responder y evaluar oportunamente dicha eventualidad. Los muestreos se hicieron 3, 4, 5 días después, por falta de medios de transporte independientes, por falta de equipos y de directivas.
Recién se empiezan a obtener resultados de los muestreos realizados por BPZ Energy, autoridades e instituciones especializadas, las cuales, según ellos mismos indican, fueron tomadas tardíamente. Aún así, todos ellos ya habían emitido opiniones sobre la magnitud de la contaminación, generalmente restándole importancia. Estos primeros resultados recorren escritorios escogidos, no se difunden abiertamente.
Es evidente que la desinformación es uno de los impactos negativos más dañinos y peligrosos generados por el desastre del BAP Supe, ya que por un lado, permite que se minimice su gravedad y, por otro lado, evita el malestar de la población al no ser evidente el daño que genera.
La vida, los procesos biológicos, los animales, reaccionan y cambian frente a este tipo de sucesos y contaminantes de maneras muy variadas, sin guardar concordancia con la manera como funciona la lógica humana. Aunque no se vea o no se huela, los efectos pueden estar dándose y gestándose a nuestras expensas; la vida es muy sensible a los cambios y por esto, nunca deberíamos restarle importancia a los impactos que generamos con nuestras actividades. Los efectos pueden volver a nosotros más tarde. Este viernes 08 en la sede del Gobierno Regional, se llevó a cabo una de las tantas reuniones multisectoriales de las que hablo al inicio. En ella, fui nombrada como alguien que perjudica a la Región con sus artículos y opiniones, seguro por poner el dedo en la llaga, como bien dice Rafo León.
Un tema que tomó una importancia que me sorprende mucho, pero que a la vez refleja el espíritu de negación y grado de paranoia sobre los que se basan los asistentes para pronunciarse, fue la elaboración de un comunicado (el primero de conocimiento público que hace este grupo multisectorial) que sería enviado al programa “Cuarto Poder” para aminorar el supuesto daño que generaría el reportaje que saliera este domingo 10 (en el que participó directamente la Cámara Regional de Turismo de Tumbes a solicitud de los periodistas) con respecto a la contaminación a raíz de la explosión del BAP Supe.
Su primer comunicado: un “parche” elaborado ante la urgencia del “dañino” reportaje. Los que lo vieron coincidirán conmigo en que el tenor del mismo fue hacer una crítica o diagnóstico que evidenciara que en Tumbes, nadie estaba preparado para responder oportunamente, que la desinformación y la falta de comunicación ha sido el común denominador y que no hay manera de minimizar algo que no ha sido medido adecuadamente aún.
Todos quisiéramos poder decir que no pasó nada, que no pasará nada a causa del derrame y de la combustión de petróleo, pero para hacerlo tenemos que buscar las pruebas, los indicios de aquello. Y, lamentablemente y contrario a las opiniones que empiezan a salir, si hay contaminación, si hay daño ambiental y si hay posibles repercusiones en la salud humana.
Tal vez a algunos les alivie que estos no se vayan a dar en territorio tumbesino, pero ojo, a Piura llegó la mancha y según estudios que estaremos revelando el viernes, en sus costas hay evidencias de los problemas que temíamos desde el principio: bioacumulación, biotoxinas, transtornos en la salud de la fauna marina, residuos de hidrocarburos en las playas, entre otros.
¿Tumbes y sus autoridades se salvaron? ¿Así medimos las cosas? Las actividades de la BPZ Energy, que a mi parecer incluyen TODO el proceso productivo (es decir, también el transporte del producto), han generado una contaminación que no quieren asumir.
Evalúan únicamente la zona de la explosión y las caletas que desde un inicio tomaron como zonas de impacto directo. Las fuerzas de la naturaleza actúan a expensas de nosotros, si bien esta vez las corrientes llevaron la mancha hacia el suroeste, en otra época del año podrían haberla llevado al norte, a nuestros manglares o a Ecuador. La contaminación está, aparentemente no en Tumbes, pero está. GeoLab S.R.L., la consultora ambiental que trabaja para BPZ Energy, presentó únicamente un Plan de Manejo Ambiental ante Energía y Minas para la perforación y producción en 42 pozos, el cual fue observado. Es decir, ¡no había Estudio de Impacto Ambiental para tal magnitud de producción! (por eso no respondían los e-mails, me imagino yo).
Las irregularidades en las concesiones para minería e hidrocarburos ya son conocidas en nuestro país y así como las voces de los peruanos se unieron para defender el Parque Nacional Bahuaja-Sonene; necesitamos esta misma fuerza de unión para que se respeten nuestros recursos naturales y nuestra salud en todo el Perú.
Las leyes peruanas deben proteger nuestro patrimonio y a nuestra población antes que nada, se deben estudiar rigurosamente los EIAs y su aprobación debe ser esencial para que las actividades extractivas puedan iniciarse. Si no protegemos lo nuestro y no exigimos garantías, nos vamos quedando pobres, sin recursos, mientras que las grandes empresas se enriquecen a nuestras expensas.









