Por: Red Regional Agua, Piura y Desarrollo

Para el sociólogo y experto en temas subversivos, Jaime Antezana, el Gobierno Peruano está cometiendo “un grave error”, al acusar a los dirigentes campesinos ambientalistas  de Ayabaca y  Huancabamba denunciados como  terroristas el pasado 24 de marzo,  por oponerse al proyecto de cobre Río Blanco.

“Lo que se busca cuando se reinventa el concepto de terrorismo es que estos dirigentes puedan bajar la guardia, se intimiden y en el caso de que esto pueda  proceder  legalmente, puedan terminar en la cárcel “afirmó Antezana.

Así también  dijo que  terrorismo lo practican “organizaciones armadas que generan temor, no se puede identificar a gente que rechaza, que protesta, que se moviliza e incluso que destruye bienes públicos  y  privados como terrorismo, tiene que derivar de una voluntad política y objetivos políticos; lo que habría acá es una protesta social”.

La denuncia fue hecha el 24 de marzo último, ante la Quinta Fiscalía Provincial de Piura por la Asociación Civil “Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas”.

Antezana enfático al señalar que “no es posible aseverar categóricamente que los pobladores y dirigentes que están contra de la empresa Majaz estén vinculados al narcotráfico, mas bien lo que los hechos evidencian es que la protesta minera está por un lado y el narcotráfico está por otro, porque al narcotráfico le interesa sacar la droga, no le interesa tener a la población en contra”.

Así mismo descartó que la minería sea un factor de desarrollo que se oponga al  narcotráfico, “pueden coexistir, incluso muchas veces las minas favorecen el acceso de los insumos para el procesamiento de drogas”.