Por: Guillermo Timoteo Calderón
La nueva Constitución de 1993 trajo un artículo que para los piuranos y para otros pueblos era vejatorio. Se trataba del artículo 77 que prácticamente eliminaba el Canon Petrolero. Al comienzo nadie dijo nada y cuando el oficialismo creyó que conseguiría de buenas a primeras disfrazar este contrabando, comprobó que no era muy cierto que los piuranos fueran tan desaprensivos como los pintan.
Quien se encargó de prender la mecha de la protesta fue el alcalde de entonces José Aguilar Santisteban; no sólo alertó a la población acerca de lo terrible que era ese artículo para el despegue de los pueblos de Piura y Tumbes; también inspiró y se puso al frente de una gran movilización de masas pocas veces vista.
Fujimori, que ya no era presidente de todos los peruanos navegaba con su autoritarismo a toda vela y se necesitaba mucho coraje contradecirle y, peor aún, enfrentársele. Aguilar lo hizo, y prueba de que se había convertido en una incómoda piedrita metida en el zapato del gobierno fueron las alusiones a su persona por parte de un Fujimori soberbio, contrariado y mandón. Todo esto consta en las páginas de los periódicos de aquellos días y forma parte de aquel capítulo que alguien tendrá que escribir sobre estas luchas sociales emprendidas en una época oscura, penosa y brutal.
Con la Carta Política del 93 se introdujo un remedo de Canon Petrolero y por eso la indignación de los piuranos que creció cuando comprobaron que, con lo establecido en el artículo 77, sólo recibirían migajas por la explotación de ese recurso que, en todo caso, engordaría únicamente a las empresas privadas o del estado, metidas en este negocio.
Pues lo considerado como canon para los pueblos con derecho a recibirlo se reducía a la participación de un porcentaje calculado sobre las utilidades que dichas empresas declarasen después que descontaran todos sus gastos. Y lo más probable, conocida la voracidad de estas grandes compañías, era que, en lugar de utilidades, hubiesen reportado pérdidas o ganancias mínimas.
Es cuando Aguilar se propone dar batalla para restituir el verdadero Canon Petrolero y, para ser justos, fue él quien reparó en el fraude del artículo 77. La pelea empezó a darse desde los primeros meses del año 1994, al comienzo tropezando con la tibieza de algunas instituciones y la incredulidad de muchas gentes en cuanto a resultados.
Pero poco a poco la gente fue tomando conciencia sobre la necesidad de cerrar filas en defensa de un derecho que la Carta Política del 93 suprimía de un plumazo. Un poco que a los pueblos de Piura y Tumbes se les iba la vida con la reducción de ese ingreso por la explotación de su petróleo. Pues aquello significaba atraso, postergaciones, más pobreza y menos bienestar. Así que la consigna era seguir adelante.
Aguilar, por su parte, comenzó a ser objeto de amenazas y de una implacable persecución política que no lograron, sin embargo, amedrentarlo, retornando de Chiclayo, después de una reunión que tuvo con varios congresistas del oficialismo, escapó con vida de un atentado nunca esclarecido pero que ahora, desenmascarado el monstruo, podría decirse que se sabe de donde vino.
Recordemos el spot televisivo que se editó y propaló por la televisión cuya frase final “Las grandes causas no perecen por el miedo” sintetiza la fuerza del mensaje.
Reclamar la enmienda del artículo 77 de la Nueva Constitución debió parecerle al golpista Fujimori un escandaloso atrevimiento. Aguilar tenía planeado, además, emprender desde Piura una gran marcha cívica hasta las puertas mismas del congreso de la República, primero para llamar la atención del país y segundo para asegurarse un diálogo directo con quienes aparte de haberse convertido en padres de la nueva Carta Política dictaban leyes.
La marcha se efectuó en la primera quincena de octubre y la mejor demostración de que ni Piura ni Tumbes estaban solos en esta gran cruzada cívica fueron las diversas muestras de adhesión que la caravana fue recibiendo en su recorrido hasta Lima. Los piuranos residentes en la capital se encargaron del recibimiento, que fue caluroso.
La intención de Aguilar y de todos los que lo acompañaban era permanecer en Lima hasta conseguir la enmienda de ese bendito artículo 77. Acabó reuniéndose con el Vicepresidente del CCD y presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Torres y Torres Lara, a quien logró arrancarle el compromiso de reformar de todas maneras, dicho artículo. La modificatoria se dio y en ella se establecía “una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de Canon”. Más de lo que se esperaba.
Fue, desde luego, una nueva y hermosa conquista de los pueblos de la Región Grau, sólo posible cuando al frente de ellos hay autoridades, no cortesanos del gobierno de turno, que saben asumir, sin miedos, sus deberes y obligaciones.
Tampoco fueron ajenos a esta lucha hombres como Gustavo Mohme Llona, Roger Cáceres Velásquez, José Barba Caballero, Jorge del Castillo , ni los alcaldes ni las demás autoridades de los departamentos de Loreto y Ucayali para cuyos pueblos el Canon Petrolero también es la otra fuente de ingresos que tienen para cambiar su destino.
Claro que el país entero siguió de cerca esta lucha de los piuranos y lo hizo fascinado por ese coraje de enfrentarse y arrinconar a una dictadura como la de Fujimori. Algo que no consiguió el Alcalde de Huancavelica cuya cabalgata hasta Lima fue un fracaso.
Muchos meses después, el alcalde del Cusco, que era entonces Daniel Estrada, tuvo como invitado a José Aguilar y en una sesión solemne en su honor dijo de él, que se había convertido con esa ejemplar marcha cívica, en uno de los más distinguidos luchadores de la descentralización del país.
Resulta oportuno refrescar este episodio, que ya es un capítulo más de la historia de Piura, sobre todo ahora en que los piuranos ven con perplejidad cómo ciertas autoridades se muestran sordas a los reclamos del pueblo e indiferentes a los abusos del centralismo limeño y de quienes están más arriba.
