Por: Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo

Para  el abogado Quique Rodríguez, la empresa minera Río Blanco Cooper (ex Majaz) brinda una “información falsa  orientada a confundir a la opinión pública”. Esta declaración la hizo luego de hacerse conocido un comunicado público que rechaza la versión de la empresa minera, la cual supuestamente cuenta con los permisos legales para realizar la exploración en los territorios de las comunidades campesinas de Yanta  (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba).

El comunicado en el punto 4 dice “Sin desmerecer las calidades profesionales del Dr. Jorge Avendaño, es necesario señalar que éste emite un informe de parte por cuanto  fue contratado por la empresa minera para dicho encargo”, en ese sentido Rodríguez afirma que “contrataron al Dr. Avendaño para una consultoría legal por parte de Majaz y analizar los documentos (que le alcanzaron) en ese momento” es decir  el  existente entre  Coripacha S.A. y las comunidades campesinas”.

La empresa Coripacha S.A de propiedad de Minera Newcrest de Australia, vendió a Monterrico Metals Plc. de procedencia inglesa sus acciones, la cual operó en el Perú como Minera Majaz. Luego sus  acciones  fueron vendidas al consorcio Zijin de capitales chinos, el que ahora opera con la personería jurídica de Río Blanco Cooper, pero ninguna consiguió el consentimiento de las comunidades  Campesinas para operar en la zona.

La empresa minera Coripacha, obtuvo 59 firmas de  un grupo de comuneros el año 1997, en la cual figura también Hernán Garate Llerena trabajador de  Coripacha S.A, es  este documento con el que actualmente Río Blanco Cooper afirma le otorga los derechos sobre la propiedad comunal. Sin embargo para Quique Rodríguez  “los convenios no  son válidos porque dicho acuerdo no fue en  asamblea general” así también se incumple el Artículo 11º de la Ley Nº 26505  que exige “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad” según lo informó la defensoría del pueblo el 14 de noviembre del 2006.

Para  Quique Rodriguez al Dr. Avendaño le han dado información parcial  pues “él (Avendaño) dice son validos los convenios entre Coripacha y las comunidades”. Sin embargo el año  1997  la asamblea general estaba compuesta de  404 comuneros y sólo  firmaron 59,  además “no se le puede llamar  asamblea porque  fue una actividad comunal”.  Así también, dijo que en la comunidad de Segunda y Cajas existe un documento en  cual “firman  sólo 37 comuneros” acotó Rodriguez.

Servidumbre Minera

Una de las conclusiones  del informe de Avendaño en el punto 4.7 Jorge Avendaño Valdés dice  “en el supuesto que se desconociera los efectos jurídicos de los convenios de uso de tierras superficiales, minera Majaz podría invocar cálidamente la prescripción adquisitiva de servidumbre”. Ante esto Rodriguez afirmó “para mí no es serio, porque en sus conclusiones arriba a dos posibilidades, no hay una afirmación que concluya en un caso de servidumbre”  es decir  que Majaz pueda pedir que se le reconozca, se constituya la servidumbre por los 5 años en que se encuentra trabajando en la zona ( 2002 al 2007). 

Para Quique la  “prescripción no es aplicable” por la misma razón  que concluye el informe de Defensoría que dice “Si bien Minera Majaz adquirió las acciones de Minera Coripacha S.A., legalmente constituyen dos personas jurídicas distintas y, por tanto, se requería una Cesión de Posición Contractual aceptada por la Comunidad de Segunda y Cajas para transferir los permisos a Minera Majaz, empresa que estaba realizando el procedimiento administrativo de solicitud de aprobación de la Evaluación Ambiental”. Es decir Defensoría en su informe dice que los permisos no valen para Majaz, pero si para Coripacha.

Rodríguez cuestiona “si Majaz considerara que los permisos entre las comunidades y Coripacha les servía, por qué en el 2002 pidió autorizaciones a las comunidades campesinas el 17 agosto a Yanta y el  9 julio a Carmen de la frontera”, cuestionó el abogado.