Por: Ruth Ccopari (SER)

Los problemas sociales se agravan cada vez más entre los distritos de Ayapata e Ituata en la provincia de Carabaya, Puno. Esta vez los enfrentamientos en la zona límite de Chacayaje llegaron a límites más cruentos más allá de bloqueos de carreteras, cortes de luz y amenazas mutuas, pues el pasado 3 de octubre el conflicto entre los pobladores de estos distritos llegó a un punto lamentable. La tarde del sábado cerca de 200 personas encapuchadas provistas con armas de fuego, dieron muerte a sangre fría a tres ronderos del distrito de Ituata, cuyos restos posteriormente fueron quemados.

 

 

La manzana de la discordia es una amplia zona minera, que se ubica en los límites de estos dos distritos. Ituata y Ayapata disputan la zona desde hace 10 años. Sin embargo los hechos empeoraron a raíz de que en marzo pasado, un derrumbe mató a ocho mineros en el sector Winchumayo en Ituata. (Ver Nota: Casapalca y Winchumayo: ¿dos tragedias sin responsables?) Desde entonces, los comuneros de este distrito se han enfrentado varias veces con los de Ayapata, pasando por bloqueos de carreteras, denuncias mutuas y retención de autoridades.

 

Según las investigaciones realizadas, la gresca se suscitó en el campamento de Chacayaje (Ituata) al promediar las cuatro de la tarde, cuando se realizaba un encuentro habitual entre mineros y ronderos de las minas de Winchumayo y Valencia. De pronto fueron sorprendidos por 200 hombres encapuchados quienes atacaron con armas de fuego desde tres frentes, dejando como saldo tres personas fallecidas y once heridos de bala. Los atacantes, además, habrían incendiado una camioneta rural tipo combi, un minibús, tres motos y unas 15 viviendas del campamento de Chacayaje.

 

César Quispe, abogado del Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH), señala que según las manifestaciones de los agredidos ante la fiscalía, los causantes de estos actos son gente del entorno del alcalde de Ayapata Javier Pariapaza. Incluso se dejó entrever que la misma autoridad edil estaría involucrada en los hechos. También se ha señalado que hace ya algún tiempo había  información de la adquisición de armas por parte del alcalde que supuestamente serían las que utilizaron la tarde del 3 de octubre. Por su parte, la alcaldesa de Carabaya, Nancy Rosell ha señalado que nadie quiere pronunciarse o denunciar con nombre propio a los responsables. Quizá por ello hasta la fecha la fiscalía provincial de Macusani (Carabaya) aun no ha identificado a los responsables de esta matanza.

 

La tarde del lunes 5, un grupo de pobladores, al parecer allegados del alcalde de Ituata, Roger Saya Tapara, se concentraron en la plaza 28 de julio de la ciudad de Macusani levantando su voz de protesta y exigiendo justicia  en contra de quienes terminaron con la vida de tres de sus integrantes. En esta concentración se encontró también el alcalde de Ituata, quien sin prueba alguna acusó a su homólogo de Ayapata de ser el presunto autor y responsable del lamentable suceso.

 

Conflictos que se veían venir

 

A fines de junio de 2009 Noticias SER informó sobre los diversos problemas de demarcación territorial en la provincia de Carabaya, que hasta entonces ya habían provocado diversas disputas en esta zona, sobre todo en los distritos de Ayapata e Ituata. Ambos distritos se disputaban los centros mineros de Lucumayo, Chacallaje y parte de Wuinchumayo. (Ver Nota: Idas y vueltas de la demarcación territorial en Carabaya).

 

Asimismo, ya en junio del 2008, funcionarios de Gobierno Regional se habían comprometido a viabilizar el problema en un período de ocho meses; sin embargo, hasta la actualidad no ha habido ningún avance claro en este tema.

 

Por su parte, la alcaldesa de la provincia de Carabaya, Nancy Rosell Angles al mismo tiempo de lamentar lo ocurrido, ha manifestado: “Nosotros dimos a conocer oportunamente este conflicto limítrofe, hemos llamando reiteradamente a mesas de diálogo, se ha solicitando en más de una oportunidad la presencia de la PCM y del Gobierno Regional, para que puedan intervenir en este problema, se ha viajado a Lima en más de dos oportunidades con los alcaldes y nunca obtuvimos respuesta concreta. Sinceramente, como gobierno local ya no sé como podemos intervenir”, manifestó la alcaldesa de la provincia de Carabaya, Nancy Rosell Angles lamentando lo ocurrido.

 

“Recordemos que el año pasado en mayo 2008 se suscitó un hecho parecido entre pobladores de San Gabán y Ayapata que dejó como saldo una persona fallecida y que hasta la fecha no hay sanción a los responsables, por ello las personas piensan que pueden actuar impunemente en este tipo de actos,  la toma de rehenes en el mes de junio por los pobladores del distrito de Ituata contra los pobladores del distrito de Ayapata, fue una advertencia clara para las autoridades, este hecho ya se veía venir”, reiteró la alcaldesa.

 

Finalmente, enfatizó que es al Gobierno Regional y a la PCM, a quienes les compete el tema de la demarcación territorial, “lamentablemente estas instancias no han actuado adecuadamente y por eso hoy estamos lamentando esos hechos”, indicó.

 

A su turno, Dominga Cano Ccoa, gerente de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Puno, señaló que ninguno de los 109 distritos que conforman la región Puno tiene límites definidos, pero que sin embargo la zonificación ecológica y económica de la provincia de Carabaya tenía el avance de un ochenta por ciento. Asimismo recordó, “el 15 de julio del presente año, pobladores y autoridades de los distritos de Ituata y Ayapata, firmaron un acta comprometiéndose a no cometer actos de agresión, mientras se elaboraba el diagnóstico de zonificación ecológica y económica de la provincia de Carabaya que debería culminar en el mes de diciembre”.

 

Omar Landeo Orozco, Director de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación territorial de la PCM, manifiesta que de acuerdo a ley, su dirección asesora a las oficinas de demarcación territorial de los gobiernos regionales, por ello que este tema lo esté monitoreando directamente el Gobierno Regional de Puno. “La provincia de Carabaya ya ha iniciado su proceso de saneamiento de límites en colaboración con nosotros. En principio hay que tener en cuenta que normalmente no hay peleas por límites políticos administrativos porque éstos no generan derechos de propiedad, en ese sentido, las disputas de las comunidades se dan por tierras y más si son zonas mineras, entonces le toca al Gobierno Regional explicarles de que se trata, lo que yo veo es que son comunidades que creen que como los recursos están en su comunidad tiene derechos a esos recursos.”, indica Landeo Orozco.

 

Asimismo, añade: “Mi dirección se encarga de los límites políticos administrativos. Las disputas por límites comunales normalmente se dan por la propiedad o tenencia de tierras. Hay comunidades que tienen su tierras registradas con derecho pero vienen otras comunidades y las invaden, entonces eso ya no es competencia del gobierno central”.

 

 

Acuerdos

 

El día martes de esta semana se llevó a cabo en Macusani, Carabaya, una reunión entre autoridades, representantes de la PCM, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional, la alcaldesa de Carabaya, pobladores de Ituata, y los alcaldes de San Gabán y Ollachea. No se pudo conformar la mesa de diálogo como se tenía previsto, sin embargo se llegó a algunos acuerdos firmados mediante acta.

 

Entre los acuerdos se exige la presencia en Carabaya del Ministro del Interior, Octavio Salazar, asimismo, que se evalúe la posibilidad de establecer el estado de emergencia en la zona, que se desaloje a los mineros y que se les quite sus armas, según manifiestan todos trabajan armados.

 

Por otro lado, se ha conformado una comisión que el día lunes 12 de octubre estaría en Puno, para posteriormente viajar a Lima y entrevistarse con el ministro del Interior y funcionarios de la PCM. Asimismo, declarar persona no grata al congresista aprista Tomás Cenzano y coordinar acciones para implementar de mayor número de efectivos policiales la comisaría de Macusani, Carabaya.

 

Según manifiesta la Defensora del Pueblo en Puno, Luz Herquinio los pobladores de Ituata no quieren saber nada con las autoridades, sólo exigen la sanción y detención inmediata del alcalde de Ayapata. Mientras tanto los pobladores de Ayapata se encuentran herméticos a cualquier declaración. Se sabe que no hay combis de Macusani a Ayapata y que el alcalde Javier Pariapaza se encuentra no habido.

 

“La población no asume ninguna responsabilidad, en el sentido de que este ha sido un conflicto permanente entre los dos distritos, la provocación ha sido mutua. Extraoficialmente se dice que ya se había acordado solucionar este conflicto entre ellos mismos sin que ninguna autoridad intervenga”, acotó la defensora.

 

Noticias SER intentó comunicarse con el presidente Regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán para obtener su apreciación y el trabajo que viene desarrollando respecto a este conflicto social. Sus asesores indicaron que el presidente regional se encontraba en la provincia de Azángaro inaugurando algunas obras, motivo por el cual sería difícil obtener su opinión.

 

 

DATOS:

 

- El teniente gobernador del campamento minero Valencia, Silvano Quispe, ha indicado a través de medios radiales que tanto los campamentos mineros como los pobladores de Ayapata han sido amenazados por pobladores de Ituata asegurando que cobrarán venganza. Ante ello mujeres de la zona se están trasladando a los montes para protegerse.

 

- El día martes por la tarde se instalaron en Chacayaje más de 30 efectivos policiales a fin de evitar más conflictos.

 

- El día de ayer miércoles en la plaza de Armas de Macusani, ronderos campesinos han intervenido a una  persona identificada como Vidal Vilca Ccancapa como uno de los presuntos autores de la matanza.

 

Nota: Amenazan a abogado de familiares de las personas asesinadas

 

Al cierre de edición nos llega la información que Cesar Quispe Calcín, abogado del Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH) de Puno, que ha venido defendiendo a los familiares de las personas asesinadas en el conflcito de Ituata, ha sido amenazado de muerte vía telefónica por personas desconocidas.

 

Indica que a las 11 y 20 a.m. del día lunes 5 de octubre hubo una llamada telefónica a su celular. Textualmente le dijeron: “No te metas, estás jugando con tu vida.”. La voz era de un adolescente que al parecer le habían dado el encargo que haga la llamada.

Quispe Calcín cree que la llamada procede del grupo involucrado en los asesinatos. Ha comunicado el hecho a la Defensoría del Pueblo, asimismo a la CNDDHH a la cual ISADH pertenece. Se especula que también algunos alcaldes y dirigentes habrían recibido las mismas llamadas de amenaza