Archivos para febrero, 2010
Policía muere en accidente
Una horrible muerte encontró un efectivo de la Policía Nacional del Perú, que prestaba servicio en la Comisaría de La Arena, cuando salió despedido de un vehículo de la
Municipalidad Distrital que auxiliaba a dos personas envenenadas. El hecho se registró a inmediaciones del cruce a Chiclayo.
Eran las 9:30 p.m. de ayer, cuando el brigadier Luis Alberto Alcedo Chuyes (44), apoyaba en el auxilio de dos personas envenenadas, realizándose el traslado de los pacientes desde La Arena hacia el hospital Santa Rosa de Piura, en una unidad de la Municipalidad Distrital.
Por tratarse de una emergencia, el conductor del vehículo OB 3897, Pedro Valverde Vílchez, aceleró el paso, sin presagiar que a la altura del cruce a Chiclayo, (en la zona conocida como Trébol), un auto Tico se le pondría en el camino, y por evitar un accidente, debió frenar bruscamente.
Producto de esa maniobra, el efectivo que se encontraba en la “olla” de la camioneta, salió despedido hacia la pista, golpeándose la cabeza, siendo trasladado al Hospital Privado, sin esperanzas de vida.
El policía fue atendido por el Dr. Alfredo Lalupú, quien diagnosticó Tec severo por fractura de base posterior del cráneo, dejando de existir minutos después. Trascendió que los pacientes llegaron hasta el hospital Santa Rosa, muriendo uno de ellos.
Al promediar la medianoche, el cuerpo del efectivo fue ingresado a la morgue central para la necropsia de ley, siendo acompañado por el general Mauro Medina Guimaraes, jefe de la I Diterpol.
Las Ugel no reportaron información y generaron problemas en examen
Las Unidades de Gestión Educativa Local de Sullana, Talara, Paita y Morropón fuero señaladas por la presidenta de la Comisión Evaluadora, Flor de María Vargas, como las causantes de los problemas que se generaron ayer en el examen para docentes que deseaban acceder a un contrato en las modalidades de Educación Básica Alternativa (conocida algunas veces como “nocturna”), Básica Especial (para enseñanza de niños con necesidades diferentes) y Técnico Productiva. Dijo que informará de lo sucedido al Director de Educación para que emita la llamada de atención respectiva.
Los problemas se reportaron al inicio del examen. A las 8:00 a.m. llegaron docentes que no estaban en los padrones reportados por las Ugel. El caso más saltante fue el de Sullana, provincia desde la cual llegaron 25 profesores, quienes exigieron dar el examen. Flor Vargas dijo que con conocimiento de la autoridad del Ministerio Público se les habilitó un aula y entregó pruebas iguales que a las de los demás postulantes, pero han sido advertidos que si su expediente no cumple con los requisitos exigidos, la prueba que ayer dieron será anulada.
Flor Vargas explicó que la comisión preveía que eso podía suceder porque, a pesar de existir un cronograma, algunas Ugel no habían cumplido con reportar su lista de docentes aptos para el examen. En el caso de Sullana, los docentes indicaron que el viernes la Ugel no reportó la lista de profesores con expediente apto para la evaluación. Ellos acudieron el sábado, pero nadie trabajó en dicha dependencia y tampoco hubo alguien que remitiera la información a Piura.
No hay ningún sustento técnico para lo que están haciendo
Están desvistiendo un santo para vestir otro. Categóricamente el decano del Colegio de Arquitectos de Piura (CAP), Pablo Zegarra Ferreyra, afirmó que la reubicación de comerciantes de exteriores del complejo de mercados no tiene ningún sustento técnico. Dijo que esto lo comprobó durante un recorrido que hizo el fin de semana pasado por los lugares donde se producirá la reubicación. Indicó que si la Municipalidad asegura tener parte técnica en dicha reubicación, ésta, al menos, no se ha visto aplicada en la parte física.
Junto con el Decano del Colegio de Arquitectos de Lima, “hemos hecho un recorrido el sábado (20 febrero) por los lugares donde se les va a reubicar y realmente no encontramos ningún sustento técnico para lo que están haciendo”, dijo.
Puede ser que todo este problema del desalojo de comerciantes se termine solucionando, pero se hará a un costo altísimo, en el que quién tenga que asumir la responsabilidad, definitivamente, no lo va a querer hacer, dijo Zegarra.
Indicó que lo único que pudo ver fue una explanada en la cual se ha nivelado y trazado con yeso una lotización, sin ningún tipo de instalaciones sanitarias ni eléctricas… ¿quién llama técnico a esto?, se preguntó. Agregó que tampoco se puede decir que dichos servicios básicos se están implementando, ya que tampoco se ve gente trabajando, que haga presumir que harán un alcantarillado.
“Se ha hecho un estudio de rutas de los colectivos o micros, dónde van a ir a estacionarse. Dicen que frente de la Universidad César Vallejo, pero se han visto los paraderos. ¿Se ha informado sobre las nuevas rutas para esos lugares. Ha sido considerado el tema de la accesibilidad de los usuarios a esos lugares?”, cuestionó Zegarra.
Refirió que ellos están haciendo una evaluación respecto a la mencionada reubicación, por esta razón han visitado los lugares, y posteriormente van a alcanzar a los comerciantes un informe sobre los considerandos que debió tomar en cuenta la Municipalidad para la reubicación. Agregó que hay irresponsabilidad de la comuna piurana al no convocar a los colegios profesionales, para que den una opinión técnica al respecto.
Esperan resolución de alcaldía que ordene desalojo para impugnarla
Mientras algunos comerciantes aseguran que están tranquilos porque sus abogados les han informado que el desalojo sólo se puede dar si la Municipalidad de Piura presenta una orden judicial. Otros manifiestan que antes de llegar a la vía judicial se debe agotar la vía administrativa, por lo que esperan que la burgomaestre edil, Mónica Zapata de Castagnino, emita la resolución de alcaldía que dictamine el desalojo para presentar una denuncia e impugnar dicha resolución.
Pablo Coarite Apaza, dirigente de Unión de Comerciantes de veredas altas (Ucove), indicó que el hecho de que la Municipalidad tenga facultad para dictaminar no les resta a los comerciantes su derecho a la defensa, por eso es que van a agotar el proceso administrativo para lograr anular a resolución de recuperación de áreas públicas. Agregó que en caso de no conseguir un buen resultado, procederán a agotar la vía judicial, y ésta tendrá que dar la orden de desalojo, pero para eso tiene que pasar un buen tiempo.
Coarite sostiene que está seguro que la resolución no se ejecuta inmediatamente, sino que se tiene que dar plazo y no es sólo 72 horas sino 15 días, después la Municipalidad tiene un plazo de 30 días para responder a las denuncias de impugnación que se presenten, de no hacerlo se puede declarar silencio administrativo. Cabe indicar, según un abogado, que los plazos que señala el dirigente se cumplen, pero sólo en el caso de una propiedad privada, sin embargo este caso se trata de vías públicas y el proceso es diferente.
Dijo que esperan que la notificación para la desocupación de las vías públicas, llegue acompañada de la resolución de alcaldía que estipula el desalojo, ya que quieren tener bien en claro por qué los desalojan. “La resolución de alcaldía para saber por qué me están sacando, no simplemente la notificación, eso es lo que estamos esperando”, dijo.
En abril podrían subir las tarifas de agua en 10%
La EPS Grau está solicitando autorización a la Sunass para que se permita un incremento del 10% en las tarifas de agua, ya que desde el 2002 el tarifario se mantiene, además la entidad prestadora de los servicios de agua potable y alcantarillado no cuenta con recursos propios para invertir en obras que mejoren la calidad y continuidad de dichos servicios en la región Piura.
Javier Boyer Merino, presidente de la Junta de Acreedores de la EPS Grau, señaló que le han presentado un plan maestro optimizador a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para que ésta apruebe el incremento tarifario, están esperando que dicha entidad lo autorice, lo cual podría ser la segunda quincena de marzo, posteriormente van a realizar audiencias públicas en las cinco provincias en las que interviene la EPS Grau, Piura, Sullana, Paita, Talara, Morropón-Chulucanas.
En estas audiencias se discutirá el incremento con toda la ciudadanía, así como con las autoridades y dirigentes de cada provincia para que dicho incremento se maneje de manera transparente y los usuarios sepan que si se realiza tal medida es en función de implementar mejoras al servicio. “El incremento tarifario va a ser para mejorar la calidad de los servicios de agua potable y para realizar inversiones a favor de los usuarios”, refirió Boyer.
Asimismo, sostiene que existen otra alternativas para no elevar las tarifas del servicio, que es si el Gobierno Regional o los gobiernos locales, municipalidades provinciales, invierten en obras para mejorar dichos servicios; o si “Enosa paga los 60 millones de dólares (que les debe por sobrevaloración de tarifa) no necesitaríamos incrementar tanto la tarifa, pero Enosa insiste en alargar el pago, pese a que Osinerming le está obligando”, dijo. Ya que, recalcó, la EPS Grau no tiene presupuesto para invertir en dichas obras, por lo que tienen que ver de dónde sacan el dinero para que la población pueda contar con mejores servicios de agua y alcantarillado.
¿No al diálogo es la solución?
El abogado de los comerciantes de exteriores del Complejo de Mercados, José Alvarado Rojas, señaló ayer que si bien no han sido recibidos por la Alcaldesa en numerosas oportunidades en que han pedido diálogo, siguen abiertos a esta posibilidad, para lo cual exhortó a los medios de comunicación a servir como canal para un acercamiento entre ambas partes.
En su opinión, la Alcaldesa para poder desalojar a los vendedores, debe iniciar un proceso judicial de desalojo. “Pero por qué llegar a ello, si podemos sentarnos a dialogar con ella y buscar la solución del problema, (buscar) un buen sitio con garantías adecuadas para todos, donde los comerciantes puedan estar en una buena ubicación, pero no mandarlos a un lugar, donde de aquí a un año, van a tener problemas, ya no con la Alcaldesa, sino con el dueño de ese local, (donde van a estar). Este último sí los puede desalojar, porque serían ocupantes precarios”, indicó. Agregó que si a través de los medios de comunicación puede establecerse un puente para llegar a la Alcaldesa y encontrar una solución, “a buena hora”. Lamentó que todos los pedidos para el diálogo han tenido respuesta negativa o han sido derivados a las gerencias. “Reitero el pedido, el día que ella quiera, que nos permita un diálogo, con ella, sus asesores y los dirigentes. Para la tranquilidad de ambas partes y para el bien de Piura”.
En su opinión, Zapata de Castagnino no es clara respecto a qué va a pasar con los reubicados y está perjudicando a quienes de buena fe ya se inscribieron hasta la 1:00 p.m. de ayer, pero luego van a ser desalojados por el dueño de ese local”, insistió.
Recordó que con quien quieren dialogar para señalar cuál es el problema y cuál sería la solución, es con la Alcaldesa y no con la comisión formada por la Ordenanza 19 por ser ilegal y no representar a nadie.
Inseguridad y riesgos en colegios en Sullana
Sullana.- El jefe de la oficina de Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula, junto a una comisión de abogados, llegó a Sullana y Bellavista, para inspeccionar el estado en que se encuentran estas instituciones educativas, teniendo en cuenta la cercanía de la fecha de inicio de clases.
Según explicó Orrego Azula, el principal problema que encontró en las diferentes instituciones educativas es la infraestructura deteriorada. También la cercanía de algunas de ellas al canal Vía, que está inundado de aguas servidas, y la inseguridad que generan grupos de pandillas y delincuentes.
Detalló que son las instituciones educativas José Eusebio Merino, 14783, conocida como La Quebrada, José Matías Manzanilla, Flora Córdova de Talledo y el inicial 502, las que se encuentran afectadas por la contaminación que genera la inundación con aguas servidas en el canal Vía.
“Ante esta situación, conversamos con los directores de estos colegios y vamos a promover una reunión con los representantes de la EPS Grau, Municipalidades de Sullana y Bellavista, Fiscalía del Medio ambiente, Apafas, y Ugel Sullana, para analizar el problema y ver qué acciones se deben tomar para solucionarlo, porque los alumnos no pueden iniciar las clases en estas condiciones”, manifestó.
Agregó que con estas situaciones, se afectan tres derechos fundamentales que son: el derecho a la vida, a la salud y a la educación, por lo que como Defensoría cumple con el deber constitucional de atender a los niños y niñas para que no sigan expuestos a peligros.
