El JNE (Jurado Nacional de Elecciones), dejó en claro que a partir del 30 de enero que se convocó a elecciones regionales y municipales y  quedó suspendida toda publicidad estatal. El 1 de marzo publicó el reglamento que regula tal prohibición. Sin embargo, en Piura, en tanto, se instala el Jurado Electoral Especial (JEE) organismo directamente llamado, fiscalizar y hacer cumplir la ley; la Defensoría del Pueblo inició investigaciones de conocidos casos de publicidad, donde se privilegia la promoción de la figura de autoridades y funcionarios públicos como el Presidente Regional, la Alcaldesa de Piura y la jefa del Pronaa.

Situación que estaría en claro enfrentamiento no sólo contra lo que indica la norma electoral, sino también contra el principio de neutralidad que deben preservar las autoridades y funcionarios públicos que ostentan el poder de administrar el dinero público y los bienes del Estado.

El representante de la Defensoría del Pueblo, en Piura, César Orrego Azula, recordó que el principio de neutralidad obliga a todas las instituciones públicas –en épocas electorales y no electorales-, mantenerse ajenos  a cualquier situación que beneficie o perjudique a un candidato o eventual candidato en épocas electorales.

Por ello, tiene bajo análisis nueve casos de publicidad estatal, unos que se ubican dentro del marco del proceso electoral, otras no, para determinar si han roto el principio de neutralidad.

Las instituciones involucradas en dicha investigación son el Gobierno Regional, la Municipalidad de Piura y el Pronaa (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria).  Así como sus titulares César Trelles, Mónica Zapata y Adela Córdova, respectivamente.