Diario El Tiempo.
La directora de Educación, Aurelia Pasapera, adoptó la medida luego que una turba de profesores saliera de sus aulas exacerbada porque el examen, que debía iniciar a las 9:00 a.m., se postergó para las 10:00 a.m. y ya habían transcurrido 10 minutos y no se aplicaba la evaluación. La demora se produjo porque se tenía que cumplir con un procedimiento de presencia de los veedores para recién poder retirar el lacrado del ambiente de la Universidad Nacional de Piura, donde se elaboró e imprimió la prueba para llevarla a las aulas. Los profesores no entendieron explicaciones y se amotinaron.

Mientras la directora de Educación suspendía la prueba por falta de garantías, el personal de la UNP, que no conocía la decisión de Educación, continuó con el reparto de la prueba en los pabellones más alejados de la sala de conferencias (lugar en el que se imprimió el examen). La descoordinación de ese instante motivó que, en algunos salones, los docentes agredieran al personal de la UNP, como ocurrió con  la catedrática Inés Tissieres a quien le arrancharon pruebas y la siguieron por el campus para terminar de quitarle los documentos que aún tenía en su poder. Fue entonces que la UNP ordenó el repliegue de su personal y que se  concentre en el auditorio para preservar su integridad física.

No vendieron la prueba
Algunos docentes que ya habían recibido el examen o que lo obtuvieron mediante la violencia, luego usaron el documento para asegurar que se trataba de una prueba que ya había sido vendida. La directora de Educación y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Fany Quesada, desmintieron a los profesores, pues se trataba de las pruebas que ya se habían comenzado a aplicar.

En este examen se tenían que aplicar cuatro modelos de pruebas de acuerdo a la especialidad de cada uno de los postulantes: Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Técnico Productiva y Educación Básica Alternativa.

¿Por qué se demoró la aplicación del examen?
En la víspera del examen, 420 profesores de Ayabaca protestaron porque no figuraban en la relación de aptos, a pesar que en la Ugel Ayabaca sí lo estaban. Frente a este caso, la directora de Educación explicó que fue una responsabilidad administrativa de la Ugel Ayabaca, que no respetó los canales de entrega de información establecidos. El acuerdo era que cada Ugel entregara la información a la Unidad Ejecutora a la que pertenecía (Chulucanas y Sullana). En el caso de Ayabaca, está bajo la jurisdicción de la Ejecutora Sullana.

Ayabaca no respetó el canal y envió directamente a Piura la información, pero la ingresó por mesa de partes y hasta ayer no llegaba a manos de la comisión regional.

Aurelia Pasapera dijo que como se trataba de un problema administrativo y no se podía perjudicar a los postulantes, el Presidente Regional y el rector de la UNP acordaron incluir a los 420 postulantes el sábado en la noche.

Ayer, cuando se suponía que el problema ya estaba resuelto,  a las 8:00 a.m. aparecieron 100 profesores de la Ejecutora Sullana, asegurando que estaban aptos, pero no habían sido reportados a la comisión regional de contratos.

La exigencia fue prepotente, de tal manera que la directora de Educación, con el antecedente de Ayabaca, dio por cierto el reclamo de los profesores y solicitó, bajo su responsabilidad, que la UNP dejara ingresar a los docentes.

La UNP puso condiciones
La UNP aceptó imprimir en ese instante 100 pruebas más, pero pidió una hora adicional para hacerlo. El tiempo solicitado permitiría: Acondicionar más aulas, registrar más cuidadores, registrar los nombres de los profesores, su DNI, la especialidad a la que postulaban, de tal manera que pudieran ser incluidos en el resultado oficial que emitiría la UNP y que se pudiera aplicar la prueba que le correspondía a cada profesor, porque no se trataba de una prueba única, sino de cuatro modelos diferentes según la especialidad.

El proceso se cumplió en presencia del Ministerio Público, y la UNP a través del representante de informática, Marlón Martínez, pidió a las 9:30 a.m. a la directora de Educación, que formalizara que esa ampliación era bajo su responsabilidad y no de la UNP.

No creían versión de postulantes
Martínez advirtió que al no tener información de los 100 profesores, podría darse el caso que no hayan presentado sus expedientes en Sullana como decían, o que no estuvieran aptos como aseguraban. Por eso, la directora de Educación y el presidente de la Comisión de Contratos, René Ruiz, aseguraron que emitirían una directiva precisando que se verificaría luego del examen si esos 100 docentes tenían su documentación en regla para ver si continuaban o no en el proceso.

El proceso siguió su curso y se procedió a informar en cada aula el motivo de la demora. A las 10:09 a.m., cuando se realizaba el proceso de retiro del lacrado del ambiente donde se elaboró e imprimió la prueba, los profesores agitados por un grupo de supuestos docentes dejaron sus aulas y se concentraron en la explanada del auditorio de la UNP, motivando la suspensión de la evaluación.

“La intolerancia de los profesores ha hecho que este examen se anule. Educación les pidió una hora para que 100 profesores más puedan dar examen, pero han sido intolerantes y no han podido esperar unos minutos más porque el examen ya estaba saliendo a los salones”, afirmó Aurelia Pasapera.