Un preocupante  incremento de los casos de adulteración de documentos en perjuicio de los diversos sectores del Estado, han llevado a la Procuraduría del Gobierno Regional a lanzar una campaña informativa que pretende sensibilizar a la comunidad, acerca de la gravedad de este tipo de delitos para la sociedad  y a la vez sobre las sanciones que penalizan estos delitos.

En el marco de la I Jornada de Derecho por el “Día del Procurador Público”,  organizada por la Corte Superior de Justicia de Piura y el Gobierno Regional de Piura, desde el 25 de marzo, fue lanzada la campaña informativa de “Lucha contra la Falsificación de Documentos”, delito que según dijo a EL TIEMPO la procuradora regional, Rosa Mercedes Chinchay Labrín, se ha incrementado de manera preocupante en los últimos años.

Un primer paso de la campaña fue la entrega de afiches de sensibilización a los procuradores   asistentes  de  las     diferentes instituciones y provincias de la región, para que contribuyan a través de sus entidades a difundir esta alerta y desterrar la   falsificación   de documentos en sus jurisdicciones.

Sobre el tema, la doctora Chinchay Labrín, en su calidad de procuradora   pública del Gobierno Regional, abordó el tema “Los Delitos contra la Fe Pública”, en la modalidad de falsificación de documentos, lo que advirtió  no es un delito menor, sino que se sanciona en nuestro país con   pena   privativa de la libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años. Las sanciones también contemplan 180 a 365 días de multa, si  el documento que se falsifica es privado.

Tal   como   lo   advirtió  este diario   mediante    informes periodísticos, las mafias de falsificadores no se detienen en nuestra región.  Y no sólo por su habilidad para fraguar documentos, también  porque los esfuerzos de las autoridades para frenar estas prácticas o son muy débiles, o se realizan en forma  aislada (cada uno por su lado), según lo pudimos  constatar al comprobar el año pasado que mientras en  instituciones afectadas como la Dirección de Transportes detectaron cientos de casos de falsificación, las investigaciones    demoran demasiado en llegar a las dependencias policiales para su investigación.

El año pasado, mientras la Dirección de Transportes había denunciado públicamente a través de EL TIEMPO que detectó unos 350 casos de postulantes a conductores que presentaron entre sus requisitos, certificados de Secundaria adulterados (Edición de EL TIEMPO del 13 de noviembre 20110), esos casos tardaban en llegar al Departamento de Investigación de Estafas de la Divincri, unidad especializada.

La razón, según el entonces jefe de la dependencia policial, mayor Armando Gayotopa Martínez, el Ministerio Público no les había ordenado investigar ninguno de los casos mencionados y Transportes no había formulado ninguna denuncia directamente en esa unidad policial. Si el Ministerio Público no les ordena investigar, la Policía nada puede hacer, porque el Fiscal es el director de la acción penal, dijo Gayotopa, código en mano, aunque prometió comunicarse con Transportes para informarse sobre el particular.

Aunque, según se informó, las denuncias que llegan a mesa de partes son asignadas a las diversas fiscalías  de acuerdo al turno de cada una, las mismas que vendrían trabajando con ayuda del personal policial del Departamento de Apoyo al Ministerio Público. 

¿Cuáles de los 350 casos detectados por Transportes de agosto a octubre de 2010 terminarán con la identificación y captura de los falsificadores? 
Lo más probable –según el entonces director regional de Transportes, Fernando Biffi Martin,- es que ninguno o muy pocos, porque los postulantes a conductores una vez descubiertos y notificados, se acogen a la figura de la “terminación anticipada”, que les permite -según el Nuevo Código Procesal Penal- pagar una multa sin ir a un juicio.

DENUNCIEN
* El mes pasado, tras realizar una operación contra falsificadores frente a la Dirección de Educación, la fiscal de Prevención del Delito, Caludia Velásquez Marvelí, exhortó a los maestros que postulan a un puesto, eviten acudir a aquellos establecimientos que les puedan ofrecer documentos de manera irregular. Dijo que no sólo se pueden ver afectados en   el  proceso de contratación o nombramiento, además -si se llega a descubrir que presentaron un certificado o diploma de manera ilegal- eso les va a ocasionar un daño en su vida profesional. Les pidió que se informen bien y hagan las denuncias   respectivas   ante el Ministerio de Educación o en todo caso ante la Policía o Fiscalía.

* “El deber de denunciar no es sólo cuando alguien les ofrezca vender estos documentos irregulares, sino también cuando sepan de casos de otros profesores”, indicó.