Archivos para marzo, 2011
Exigen modificación de maqueta para nuevo mercado
TALARA.- Como señal de protesta, varios comerciantes del mercado Central de Talara, embanderaron ayer sus puestos de venta para exigirle al alcalde, Rogelio Trelles Saavedra, modifique la maqueta que servirá para la modernización de dicho centro de abasto.
En un breve recorrido, se constató que los comerciantes colocaron carteles y cortinas donde aludían: “Sí a la modernización, pero no a la imposición; Respeten los derechos de posición y posesión; y No al abuso de autoridad”. Los comerciantes dijeron que no están dispuestos a aceptar dicha maqueta, debido a que sus intereses se verían afectados.
Reiteraron que con esa maqueta sus puestos de venta serían reducidos a la mitad y esto los perjudicaría en el expendio de sus productos. Dijeron que en una última reunión con el Alcalde, plantearon formar las comisiones para tratar de modificar la maqueta y evitar verse perjudicados. “Nosotros no estamos en contra de la modernización del mercado, pero deben respetar nuestros derechos”, señalan.
Los funcionarios de la oficina de imagen de la Municipalidad, se mostraron sorprendidos por la actitud de los comerciantes, acordaron proceder a la modernización, incluso –dijeron- que han formado comisiones para plantear nuevas ideas sobre la maqueta elaborada, para evitar que sus puestos de ventas sean afectados.
Adjudicarán terrenos agrícolas del Proyecto Olmos el 24 de junio
LIMA (ANDINA).- El consorcio H2Olmos adjudicará 38.000 hectáreas de terrenos agrícolas del proyecto de irrigación Olmos, ubicados al noroeste de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), el 24 de junio próximo.
De acuerdo con las bases del concurso, publicadas por el consorcio y el Gobierno Regional de Lambayeque, la dimensión de los lotes a ser adjudicados varía entre 1.000, 500 y 250 hectáreas.
Los adjudicatarios de cada lote se beneficiarán de una infraestructura hidráulica mayor de riego que permitirá dotar a los lotes de agua presurizada.
Asimismo, contarán con caminos de acceso y tendrán disponibilidad de instalaciones que permitirán el suministro de energía eléctrica.
El mecanismo adoptado para llevar a cabo el proceso de venta de los lotes es el de la Subasta Combinatoria, con arreglo a lo dispuesto en estas bases y de acuerdo con las leyes aplicables.
Con este mecanismo, el postor estaría dispuesto a pagar un mayor valor por la certeza de que un grupo de dos o más lotes le sea adjudicado, que el que hubiera pagado por los mismos lotes de manera individual.
Los lotes a subastarse están saneados sin que pesen sobre ellos, carga, gravamen, medida judicial o administrativa, y se encuentran sin poseedores o terceros que limiten o restrinjan su dominio y libre disposición.
En ese sentido, el monto base de la capacidad es de 3.645 dólares incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV) por hectárea. Por su parte, el monto base de tierras asciende a 605 dólares por hectárea.
CONSULTAS DESDE AYER
De acuerdo con el cronograma de actividades de la subasta, la recepción de consultas a las bases y comunicaciones con el Comité de Promoción de la subasta se realiza a partir de ayer (lunes), mientras que la absolución a las consultas se prolongará hasta el 17 de junio.
Preocupante aumento de delitos de falsificación en Piura
Un preocupante incremento de los casos de adulteración de documentos en perjuicio de los diversos sectores del Estado, han llevado a la Procuraduría del Gobierno Regional a lanzar una campaña informativa que pretende sensibilizar a la comunidad, acerca de la gravedad de este tipo de delitos para la sociedad y a la vez sobre las sanciones que penalizan estos delitos.
En el marco de la I Jornada de Derecho por el “Día del Procurador Público”, organizada por la Corte Superior de Justicia de Piura y el Gobierno Regional de Piura, desde el 25 de marzo, fue lanzada la campaña informativa de “Lucha contra la Falsificación de Documentos”, delito que según dijo a EL TIEMPO la procuradora regional, Rosa Mercedes Chinchay Labrín, se ha incrementado de manera preocupante en los últimos años.
Un primer paso de la campaña fue la entrega de afiches de sensibilización a los procuradores asistentes de las diferentes instituciones y provincias de la región, para que contribuyan a través de sus entidades a difundir esta alerta y desterrar la falsificación de documentos en sus jurisdicciones.
Sobre el tema, la doctora Chinchay Labrín, en su calidad de procuradora pública del Gobierno Regional, abordó el tema “Los Delitos contra la Fe Pública”, en la modalidad de falsificación de documentos, lo que advirtió no es un delito menor, sino que se sanciona en nuestro país con pena privativa de la libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años. Las sanciones también contemplan 180 a 365 días de multa, si el documento que se falsifica es privado.
Tal como lo advirtió este diario mediante informes periodísticos, las mafias de falsificadores no se detienen en nuestra región. Y no sólo por su habilidad para fraguar documentos, también porque los esfuerzos de las autoridades para frenar estas prácticas o son muy débiles, o se realizan en forma aislada (cada uno por su lado), según lo pudimos constatar al comprobar el año pasado que mientras en instituciones afectadas como la Dirección de Transportes detectaron cientos de casos de falsificación, las investigaciones demoran demasiado en llegar a las dependencias policiales para su investigación.
El año pasado, mientras la Dirección de Transportes había denunciado públicamente a través de EL TIEMPO que detectó unos 350 casos de postulantes a conductores que presentaron entre sus requisitos, certificados de Secundaria adulterados (Edición de EL TIEMPO del 13 de noviembre 20110), esos casos tardaban en llegar al Departamento de Investigación de Estafas de la Divincri, unidad especializada.
La razón, según el entonces jefe de la dependencia policial, mayor Armando Gayotopa Martínez, el Ministerio Público no les había ordenado investigar ninguno de los casos mencionados y Transportes no había formulado ninguna denuncia directamente en esa unidad policial. Si el Ministerio Público no les ordena investigar, la Policía nada puede hacer, porque el Fiscal es el director de la acción penal, dijo Gayotopa, código en mano, aunque prometió comunicarse con Transportes para informarse sobre el particular.
Aunque, según se informó, las denuncias que llegan a mesa de partes son asignadas a las diversas fiscalías de acuerdo al turno de cada una, las mismas que vendrían trabajando con ayuda del personal policial del Departamento de Apoyo al Ministerio Público.
¿Cuáles de los 350 casos detectados por Transportes de agosto a octubre de 2010 terminarán con la identificación y captura de los falsificadores?
Lo más probable –según el entonces director regional de Transportes, Fernando Biffi Martin,- es que ninguno o muy pocos, porque los postulantes a conductores una vez descubiertos y notificados, se acogen a la figura de la “terminación anticipada”, que les permite -según el Nuevo Código Procesal Penal- pagar una multa sin ir a un juicio.
DENUNCIEN
* El mes pasado, tras realizar una operación contra falsificadores frente a la Dirección de Educación, la fiscal de Prevención del Delito, Caludia Velásquez Marvelí, exhortó a los maestros que postulan a un puesto, eviten acudir a aquellos establecimientos que les puedan ofrecer documentos de manera irregular. Dijo que no sólo se pueden ver afectados en el proceso de contratación o nombramiento, además -si se llega a descubrir que presentaron un certificado o diploma de manera ilegal- eso les va a ocasionar un daño en su vida profesional. Les pidió que se informen bien y hagan las denuncias respectivas ante el Ministerio de Educación o en todo caso ante la Policía o Fiscalía.
* “El deber de denunciar no es sólo cuando alguien les ofrezca vender estos documentos irregulares, sino también cuando sepan de casos de otros profesores”, indicó.
Obristas copan la Municipalidad de Piura
La Municipalidad de Piura se ha convertido en una oficina de empleo para los obristas y no obristas recomendados. Quienes no aprobaron el concurso para contratar trabajadores bajo la modalidad CAS, ingresaron mediante servicios de terceros, que es una forma de sacarle la vuelta a la ley.
En la lista se puede apreciar varios de conocida filiación obrista, entre ellos dos exregidoras, un ex regidor, y uno pequeño empresario que en la gestión pasada se vio involucrado en un caso de corrupción en agravio de la Municipalidad, que un está en pleno proceso de investigación en la Fiscalía.
Este elemento hoy labora en la comuna y es el brazo derecho de la Gerencia de Comercialización, pese a que la propia Municipalidad le sigue un proceso por corrupción en la anterior gestión cuando hizo una obra en las escaleras de la Municipalidad.
La propia Alcaldesa también tiene como asesor a un administrador de empresas, obrista conocido que ingresó a trabajar en la gestión pasada con José Aguilar y al fallecer éste laboró algunos meses con Mónica Zapata y se vio involucrado en un proceso de peculado, investigación que el Ministerio Público acaba de concluir y que lo responsabiliza por los hechos, pagando por obras que nunca se realizaron.
Hay una larga lista de trabajadores que realizan servicios por terceros entre ellos el llamado coordinador de la limpieza pública, a quien inclusive algunos trabajadores lo han denunciado por maltratos.
El coordinador se hace llamar ingeniero, hasta donde se sabe, no lo es, pero gana tres mil soles y esta semana cumple los tres meses laborando como servicios por terceros, y si le deja cumplir ese periodo, en un proceso judicial podría retornar como trabajador estable en la comuna.
Cuando se realizaba concurso CAS este diario dio a conocer los nombres de obristas que ya venían laborando, pero que para simular entraban al concurso, cuando su puesto estaba seguro, todos ellos finalmente no fueron considerados como ganadores, pero se le dio trabajo, como si hubiesen ganado.
Agricultores hicieron oídos sordos y sembraron arroz
Frente a la terrible sequía que afecta a gran parte de la actividad agrícola, el presidente regional, Javier Atkins Lerggio, se quejó de que los agricultores hayan hecho oídos sordos a los especialistas quienes recomendaban sembrar algodón, porque consume menos agua, sin embargo al final sembraron miles de hectáreas de arroz, en gran parte del territorio regional.
“Lamentablemente los agricultores no tomaron en cuenta la sugerencia de que no sembraran arroz y que siembren algodón, que este año tiene un buen precio. Lamentablemente, hicieron caso omiso y allí están los problemas”, afirmó el mandatario regional.
Atkins Lerggios agregó que por ese motivo ahora el comité técnico del Chira – Piura, ha tomado como medida el cierre del reservorio de Poechos por cinco días a partir del 1 de abril, “yo creo que es importante cuidar la poca agua que está entrando”, sentenció.
En ese sentido aseguró que los alcaldes distritales ya se encuentran llenado las fichas para conocer a ciencia cierta cuántas hectáreas han sido afectadas y poderlas presentar al Gobierno Central, a más tardar esta semana y solicitar el presupuesto para atender a las poblaciones más urgidas.
400 millones por pagar
El Presidente Regional, volvió a quejarse por la falta de dinero y las deudas dejadas por la anterior gestión. Según dijo, la entidad regional tiene obligaciones que cumplir de la gestión de Trelles y citó que tiene que pagar 200 millones de soles por sentencias consentidas. “Ahora se vienen otros 36 arbitrajes más que serán unos 200 millones de soles más. Nos dieron un gobierno quebrado, pero estamos tratando de hacer las obras que dejaron, aunque un gran número ellas no han dejado presupuesto”, aseveró.
Por ese motivo dijo que el martes se reunirá con el Director Nacional de Presupuesto, y los gerentes de Alto Piura y Chira Piura, para gestionar dinero para la sobras que requiere Piura.
DATO
Por último, el Presidente Regional, recordó que es parte de su programa, la culminación de las carreteras Huancabamba y Ayabaca durante su gestión. “Vamos a hacerle mejoras y asfaltar lo que esté dentro de nuestras posibilidades económicas, es importante conectar la sierra en la globalización”, culminó.
Ayabaquinos celebran su 150 años de creación
La colonia ayabaquina en Piura participó ayer de una sesión solemne que le ofreció la Municipalidad Provincial de Piura con motivo del 150º aniversario de creación política de esa provincia.
El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo del consejero por esa provincia Baldomero Marchena, quien fue acompañado de autoridades políticas.
La llama votiva la encendió el regidor Rony Zegarra acompañado por la presidente de la Asociación de Mujeres Ayabaquinas y mientras que el izamiento de la Bandera de Piura estuvo a cargo del presidente del Centro Provincial Ayavaquino, Tulio Quevedo Urbina.
Presididos por las reinas Julia Arrunátegui Zavala y Palmira Calle Rivera, los ayabaquinos representantes tanto de la capital provincial como los distritos, desfilaron en Plaza de Armas de Piura.
En la sesión solemne
El primer regidor del Concejo Provincial de Piura, José More López, entregó la medalla de oro al también regidor de Ayabaca Rony Zegarra. La Municipalidad de Castilla también entregó una medalla aunándose a la celebración de los ayabaquinos que este miércoles 30 de marzo celebran el sesquicentenario de creación política.
El presidente del Centro Provincial Ayabaquino, Tulio Quevedo Urbina, pronunció el discurso de orden, rememorando la historia de esa provincia desde el periodo preinca, pasando por la Conquista y hasta la República destacando que esa tierra ha dado hombres como Lizardo Montero Flores, quien fue presidente del Perú y también a Hildebrando Castro Pozo, conocido luchador social.
Quevedo, reclamó más atención para la provincia a la que calificó de olvidada y recordó al Presidente Regional que cumpla con su promesa de asfaltar la carretera desde Paimas hasta la capital provincial, además le pidió apoyo para la construcción del santuario del Cautivo de Ayabaca.
Con motivo de aniversario se han realizado en Piura actividades artísticas, deportivas, sociales, entre ellas exposiciones de pintura de los pintores del Ande Piurano, competencia de fulbito interdistrital y cena de los ayabaquinos residentes en Piura.
EIA para modernización de refinería podría aprobarse a fines de marzo
LIMA (ANDINA).-El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó PetroPerú para el proyecto de modernización de la refinería de Talara, ubicada en Piura, podría aprobarse en lo que resta de este mes, informó ayer la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (Dgaae) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Dgaae realizó más de 23 nuevas observaciones al mencionado EIA de PetroPerú y anteriormente había hecho otras 100 observaciones al mismo documento.
Al respecto, la jefa de la Dgaae, Iris Cárdenas, indicó que a la fecha su dirección ya culminó con el proceso de evaluación respectiva y se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
“Ello debido a que este proyecto utilizará agua de mar para su proceso productivo. Entonces si ellos (la ANA) nos dan la opinión técnica favorable, ya estaríamos aprobando el EIA”, sostuvo a la agencia Andina.
Al respecto, comentó que si bien la intención es que el estudio se apruebe a finales de este mes, sólo recibirá el visto bueno del MEM toda vez que cumpla con las normas vigentes.
Cárdenas también comentó que actualmente se encuentra en evaluación el EIA presentado por PetroPerú, a través de la compañía Demen, para la ejecución del proyecto de reemplazo de líneas submarinas y terminal multiboyas de la Refinería de Talara.
Confirman y corrigen sentencia de Alcalde de Negritos
NEGRITOS.- Los integrantes de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Piura, José María Gómez Tavares, (presidente y juez ponente), Celinda Segura Salas y Jackeline Sarmiento Rojas, confirmaron y corrigieron la sentencia condenatoria que se le sigue alcalde del distrito de Negritos, Pedro Hoyos León, por delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.
De acuerdo con lo actuado visto en el proceso penal N° 415-2007, del 14 de marzo de 2011, el alcalde, fue sentenciado el 27 de agosto del año 2008, por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por un plazo de periodo de prueba de tres años.
El burgomaestre apeló el dictamen ante la Sala Penal de Sullana, pero ésta confirmó la sentencia a través de la Resolución Superior de fecha 23 de enero de 2009, registrada en la página 541 a 543, pero con un error, debido a que le consignan en la condena a cuatro años de pena de la libertad suspendida, con un año de periodo de prueba.
Por ello, el Alcalde apeló la Resolución N° 29 del 18 de enero de 2010, que declara improcedente la rehabilitación del proceso que se le sigue; y solicita a la Corte Superior de Piura, mediante un escrito con fecha del 4 de enero del 2011, la rehabilitación por haber cumplido con la sentencia interpuesta en su contra, sustentado en el artículo 69 del Código Penal.
Sin embargo el colegiado judicial, tomó en cuenta el informe del técnico judicial Orlando Rivas Hurtado, registrado en folio 583, que el condenado no ha cumplido con la reglas de conducta interpuestas en su sentencia como: no concurrir a lugares de dudosa reputación que atente contra la moral y las buenas costumbres; no ausentarse de lugar de residencia sin permiso del juzgado; e informar y justificar sus actividades en el libro de control, pues sólo acudió el 18 de enero de 2010.
Persiste omisión
De acuerdo con lo consignado por la técnica judicial, Silvana Gallo Ruiz, en el folio 584, el Alcalde, sin bien es cierto cumplió con pagar la reparación civil fijada en la sentencia a favor del agraviado, persiste en su omisión. Se resuelve que el condenado no cumple con todos los requisitos para ser rehabilitado, mucho menos si no ha vencido el periodo de prueba fijado en la sentencia.
Por lo tanto, la Corte Superior de Piura confirmó la Resolución N° 29 del 18 de enero de 2010, que declara improcedente la rehabilitación del sentenciado Pedro Hoyos León; y corrigieron, la resolución superior del 23 de enero de 2009, sobre sentencia que se le sigue por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado, en la parte resolutiva que dice: por el periodo de prueba de un año, debe de decir “por el periodo de prueba por tres años”. Con esto concluyen que el alcalde Pedro Hoyos está inhabilitado para ejercer funciones públicas.
