La reposición de algunos trabajadores Contratados por Administración de  Servicios (CAS), hace prever que los casi 500  servidores que acudieron al Poder Judicial para  exigir este reclamo,  lograrían su  reincorporación en  perjuicio del Gobierno  Regional.

La situación pinta muy mal para la entidad regional. Por tal motivo, la jefa de Recursos Humanos, Angélica Palomino, advierte que si logran la reposición, la entidad corre el riesgo de quebrar, más aún cuando esta cantidad de trabajadores era pagada por la anterior gestión regional aprista de forma irregular, al usar los recursos del canon petrolero.

La funcionaria dijo que si bien se acatará la sentencia judicial, también apelarán a todos los recursos legales existentes para revertir dicho fallo, “ya que de lo contrario, el perjuicio económico sería tan grande que llevaría a la quiebra a esta instancia”.

En su momento, el presidente regional, Javier Atkins, adelantó que acudirán hasta el Tribunal Constitucional, para hacer cumplir la norma.

Angélica Palomino sostuvo que son cerca de 500 trabajadores CAS, quienes aprovechan la jurisprudencia sentada para regresar a la sede central.

“Estos trabajadores (eran) pagados por canon y eso es ilegal, está prohibido. Nosotros, como una administración respetuosa de la ley, no  recurriremos a esos fondos. Actualmente se paga (con fondos de… ) recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, pero no alcanza para pagar a esa cantidad de personal”, declaró la abogada.

Como argumento principal para rechazar la medida cautelar, la entidad regional se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual señala que cuando un trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato, dicho contrato se prorroga automáticamente, pero eso no genera que se convierta en un contrato de duración indeterminada (permanente).

El Tribunal Constitucional recurre al D.S. N° 075-2008-PCM, que explica que “la duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo, dentro del cual se efectúa la contratación”. Por tanto, la sentencia dictada en Piura contraviene un veredicto del máximo órgano de control de la institucionalidad en el Perú, sobre un tema similar.

Regresar al caos
la jefa de Recursos Humanos dijo que, además del perjuicio económico, el retorno de cientos de trabajadores contratados por la gestión aprista, sería regresar al caos en que se recibió el Gobierno Regional de Piura.

“Personalmente me encargué de la transferencia y aquí (la sede) no se podía caminar. En las oficinas encontrábamos dos o tres trabajadores compartiendo el mismo escritorio. Con el término de su contrato, este año se fue el 80% de los CAS y locadores, que (genera) un ahorro de cinco millones anuales en beneficio de la región”, puntualizó.

Angélica Palomino precisó que se mantuvo a los trabajadores CAS que realmente eran necesarios en las diversas dependencias, y se les cambió a la modalidad de locación de servicios.Tal es el caso de trabajadores de la Oficina de Control Interno. Once de los trece eran CAS, pagados con dinero del canon, cuando eso es ilegal, aseguró.