Conozco a Gladys en la reciente audiencia pública sobre trata de personas realizada en Piura, delito que según la congresista Fabiola Morales, aumenta de manera preocupante en esta región, aunque según Cáritas, el Poder Judicial registra cero casos hasta mayo de este año.

Cuando llega la parte de las preguntas, la maestra del Sánchez Arteaga toma el micro y pregunta ¿Cómo muchos escolares viajan fuera de Piura, siendo menores? Y responde narrando el final inacabado de la historia de las alumnas del Sánchez Arteaga, que se fueron el año pasado.

Era el 30 de diciembre de 2010, día de la clausura, cuando los padres de una de las menores llegaron a buscarla. Habían logrado recuperar a su hija en Lima, con ayuda policial, pero estaban entre sorprendidos y molestos al descubrir que tanto ella, como la otra escolar, habían logrado pasar por los controles policiales, mostrando una autorización de un Juez de Paz de La Arena. En el papel, mostrado por Gladys el día de la audiencia, figura el nombre de los padres AYN y DSJ, sus números de DNI, y en su “autorización de viaje” el juez certifica que los esposos “llegaron por voluntad propia a su despacho” a pedir el documento, pero los padres aseguran de modo tajante, que las firmas no son las suyas. Son falsas. Diez a veinte soles cobran a los menores por darles estas autorizaciones, según pudo averiguar luego la maestra. ¿Y la sanción para los responsables?  Los padres se niegan a denunciar al juez. Ya tienen a su hija, no quieren problemas. Se los dije: Historia de final inacabado.