Profundización del progresismo o corte conservador?

Por
José Elosegui
15/09/2014

Encuestas indican que gobernante Frente Amplio y derechista Partido Nacional disputarían presidencia en segunda vuelta.
El 26 de octubre los uruguayos concurrirán a las urnas para elegir un nuevo presidente y los integrantes del parlamento bicameral (30 senadores y 99 diputados). Los sondeos de opinión indican que el gobernante Frente Amplio (FA) no ganaría en primera vuelta, por lo que habría un balotaje el 30 de noviembre que lo enfrentaría al conservador Partido Nacional (PN).

El frenteamplista Tabaré Vázquez, presidente en el período 2005-2010, primer mandatario de izquierda en la historia política del país, o el joven Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-95), son las opciones arriba de la mesa.

Tampoco es un hecho que el oficialista partido de izquierda gane en esa segunda instancia, y aún triunfante, es muy factible que pierda la mayoría en el Parlamento nacional.

En tanto, paralelamente a la primera vuelta se realizará un plebiscito para que la población decida si quiere bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años. La consulta también divide a los partidos políticos y sus bases militantes —el PN y Partido Colorado (PC), los llamados partidos tradicionales, versus el FA— y también es más que incierto el resultado final.

Los dos sucesivos gobiernos del partido gobernante han obtenido logros fundamentales para la población uruguaya en términos de derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

En el 2004, al final del gobierno del derechista Jorge Batlle (2000-2005), del PC, el desempleo en Uruguay ascendía a 13.1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el 2009, al final del mandato de Vázquez, la cifra había bajado a 8.2%, y a junio del 2014 se colocaba en 6.8%.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe “Panorama económico y social de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños 2013”, publicado en enero último, estipula que Uruguay mantiene un buen nivel de crecimiento económico, y que el producto interno bruto (PIB) creció 4.5% el pasado año.

En tanto, la pobreza afectó el 2013 al 12.4% de la población y la indigencia a 0.5%. En el 2002, la pobreza había llegado a 39.4% en el país. Los avances durante el gobierno de Vázquez y el actual de José Mujica en ese sentido han sido continuos y profundos.

Para la clase trabajadora, los triunfos son cruciales: instalación de consejos de salarios, formalización laboral, ley de ocho horas para el trabajador rural, reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas, entre otros.

El gobierno de Mujica particularmente tiene en su haber algunos pasos históricos, inclusive a nivel internacional, y de enorme importancia para la lucha de algunos grupos tradicionalmente excluidos y la agenda humanitaria. Se destacan la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana y hasta las iniciativas en curso de recibir en el país niños sirios refugiados de la guerra y presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo.

La oposición en ascenso
Según la última encuesta de la consultora Factum publicada el 8 de setiembre en su página web, el FA tiene una intención de voto de 42% del electorado, el PN 32% y el PC 15%. Los demás partidos en pugna no superan el 5% en conjunto. Los votos blancos/nulos llegan a 2% y los indefinidos a 4%.

El PC no aparece como un contrincante importante en las elecciones, aunque registra un crecimiento a priori, especialmente si se tiene en cuenta que en el 2004 tuvo la peor votación de su historia, con poco más del 10% del electorado.

Su candidato a presidente es Pedro Bordaberry, hijo de Juan María Bordaberry, quien asumiera la presidencia nacional en 1972 y que el 27 de junio de 1973 diera el golpe de Estado que derivó en la dictadura militar que se mantuvo hasta 1985.

El discurso de la inseguridad y de la necesidad de “mano dura con la delincuencia” es uno de los instrumentos importantes de campaña de los partidos tradicionales, y explica en buena medida la promoción de la baja de la edad de imputabilidad. La crítica al sistema educativo, y la alerta por los altos índices de repetición y deserción, especialmente en secundaria, son otros dos blancos de los partidos conservadores.

Lacalle Pou apuesta a mostrarse como un candidato renovador, “positivo”, que puede “gobernar ahora y gobernar bien”, según dice en sus propios discursos. El politólogo Daniel Chasquetti afirma en una nota publicada en Montevideo Portal el 1 de setiembre que el mayor mérito de Lacalle Pou es haber interpretado tempranamente que una parte de la sociedad mudó su estado de ánimo y exige nuevos prospectos a la dirigencia política.

Chasquetti explica que la década de gobierno del FA “cambió al país (crecimiento, abatimiento de pobreza, nuevos derechos, etc.)”, y que la mudanza “ha sido tan significativa” que ahora parte del electorado tiene expectativas superadoras. En ese sentido, la consigna “vamos bien” de la primera parte de la campaña de Vázquez no aparece como suficiente.

De acuerdo al análisis del politólogo, hay “un estado de sensibilidad” sobre todo entre los sectores medios y “Lacalle Pou tiene el mérito de haberlo comprendido antes que nadie”.

“Su estrategia ha sido extremadamente eficiente y podríamos caracterizarla como de baja polarización programática. Es decir, Lacalle Pou apoya —y promete continuar— todas las políticas populares del gobierno pero crítica únicamente las que generan mayor desconfianza”, sostiene Chasquetti, agregando que el candidato nacionalista presenta unas pocas propuestas que generan más bien simpatía, como asentamiento cero —planes de vivienda para sectores de menores recursos—, rebaja del mínimo imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, entre otras, y al mismo tiempo evita discutir sobre eventuales decisiones que pueden generar conflictos.

Algunos desafíos para el próximo gobierno
El candidato que gane tendrá algunos desafíos importantes en el corto plazo. El de atender la situación de la enseñanza será uno urgente.

Por encima de la subjetividad que implica la sensación de inseguridad, y el rol de los medios masivos de comunicación en su generación y profundización, hacer frente a la delincuencia y especialmente las rapiñas será una necesidad importante de la próxima administración.

Otra de las tareas será continuar la implementación de la legalización de la marihuana. Además, habrá que seguir el proceso de instalación de la minera Aratirí en el centro del país, propiedad de la empresa india Zamin Ferrous y que ha despertado gran descontento popular y enormes movilizaciones de rechazo.

El partido de gobierno y el propio Mujica han afirmado reiteradamente que Uruguay debió abrirse a la entrada de diversos capitales extranjeros en sectores importantes de la economía para atender la grave crisis de pobreza e indigencia. Al tiempo que creció el PBI, aumentó también el área controlada por los agronegocios, el manejo transnacional de los bienes naturales y la consecuente reprimarización de la economía.

Entre los monocultivos de soja transgénica y los de eucaliptos y pinos de empresas finlandesas y estadounidenses, entre otras nacionalidades, suman alrededor de 2 millones de hectáreas, en un país que tiene poco más de 16 millones dedicadas a la producción agropecuaria. Ya hay dos mega fábricas de celulosa operando en las localidades de Fray Bentos y Conchillas, departamentos occidentales de Río Negro y Colonia respectivamente, y existe el proyecto de una tercera en marcha.

El modelo del agronegocio ha traído aparejadas algunas consecuencias socioambientales graves: brutal aumento del uso de agrotóxicos y casos continuos de fumigaciones sobre centros poblados e inclusive escuelas, con personas afectadas en diversas partes del país, contaminación de las fuentes de agua, procesos de desertificación y deterioro del suelo, pérdida de biodiversidad, mayor latifundización y extranjerización de la tierra, despoblamiento del campo, entre otros. —Noticias Aliadas

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